Se debe aclarar que cada país cuenta con su propio procedimiento interno de extradición en el que se definen las instancias a las que pueden acudir los extraditables.
El Estado requerido CONCEDE o NIEGA la extradición, cabe señalar que pueden ser recurribles ambas decisiones tanto por la defensa del reclamado como por la Fiscalía que defiende la postura del gobierno mexicano reclamante de la extradición.
Esto puede permitir a los delincuentes evadir la justicia y continuar cometiendo delitos en otros países.
Aunado al rigor académico con que se abordan los temas de estudio y se emplean herramientas metodológicas como el derecho comparado y el examen de fuentes biblio&#one hundred fifty;hemerográficas y documentales, el texto tiene la virtud de utilizar un lenguaje especializado pero comprensible para el lector no familiarizado con la terminología jurídica.
El capítulo IV lleva por título "México y la extradición". En este apartado se parte del argumento de que los tratados internacionales son la principal fuente de la extradición, por tanto, es necesario conocer la posición que guardan dichos instrumentos jurídicos dentro del sistema de fuentes de un Estado. Para el caso mexicano, se analiza el artworkículo 133 constitucional a la luz de la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó sobre dicho numeral en 1999, llegando a la conclusión de que fue atinada la postura de la SCJN, al establecer que los tratados internacionales se encuentran inmediatamente por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes federales.
Una vez que se recibe la solicitud de extradición, la SRE revisa la documentación y determina si cumple con los requisitos necesarios para proceder con el proceso. Si this contact form se determina que la solicitud es procedente, la PGR se encarga de llevar a cabo el proceso judicial correspondiente.
¿Cómo afecta la falta de tratados de extradición a la lucha contra la delincuencia transnacional?
Finalmente, en una tercera parte del capítulo segundo, la autora aborda el tema de la extradición de nacionales; tópico sumamente debatido en el que existen dos posiciones predominantes: la de los países de tradición jurídica anglosajona o Widespread Law, que permiten la extradición de nacionales y la de los países de extracción jurídica romano&#one hundred fifty;germánica o Civil Legislation que, por largo tiempo, han rechazado Check This Out la posibilidad de extraditar a sus nacionales. Estas posiciones encontradas han sido una de las principales razones para que no se haya llegado a una verdadera navigate here uniformidad en las normas que regulan la extradición.
En esta etapa la SRE se encuentra facultada para analizar que la solicitud y/o petición de extradición cumple con los requisitos establecidos en los Tratados Internacionales o los requisitos en materia de extradiciones del país requerido.
Una vez que se ha determinado que la persona es la misma que se busca y que los delitos son punibles en México, se lleva a cabo un juicio de extradición en el que se analiza la evidencia presentada por el país solicitante y se determina si se cumplen los requisitos necesarios para proceder con la extradición.
Que en los archivos de esta Secretaría obra uno de los dos originales del Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Belice, firmado en la Ciudad de México el día veintinueve del mes de agosto del año de mil novecientos ochenta y ocho, cuyo texto y forma en español son los siguientes: PREÁMBULO
Las relaciones bilaterales entre los dos países se han caracterizado por su respeto, amistad y franqueza. Se han ampliado y fortalecido en gran medida gracias a la voluntad política de los gobiernos de los dos países.
La extradición en México puede ser negada en casos donde se considera que la persona solicitada podría ser víctima de tortura, pena de muerte o cualquier forma de trato cruel o inhumano en el país solicitante.
La falta de tratado de extradición dificulta la entrega de los delincuentes a la justicia, ya que no existe un marco legal que permita su entrega a otro país para ser juzgados o castigados.